Una vuelta a la Inquisición: condena sin pruebas por violencia de género

Mario Juliano y Gustavo Vitale, abordan la validez del testigo único en casos de violencia de género. El principio de presunción de inocencia y el grado de certidumbre necesario para arribar a una sentencia condenatoria.

El Estado Constitucional de Derecho, del cual debemos ser firmes custodios, requiere un juicio previo a la posible declaración de culpabilidad, en el que se determine si la persona imputada de delito es inocente o culpable. Durante la tramitación de ese proceso el imputado se presume inocente, de acuerdo con lo que disponen expresamente una serie de normas, tanto del derecho interno como internacional.

 

La presunción de inocencia sólo puede ser destruida por medio de una sentencia inmodificable de condena, en base a la cual se pruebe, con certeza, que el imputado cometió el delito que se le atribuía y debe cumplir una sanción penal por esa razón.

La existencia de un juicio de certeza para condenar es la consecuencia lógica de la mencionada presunción de inocencia. Cualquier duda sobre la intervención del imputado en el delito atribuido o sobre la responsabilidad penal por ese hecho importa mantener la presunción de inocencia e impide el dictado de una condena.

La sentencia de condena, entonces, debe afirmar, con certidumbre, que cierto imputado cometió un delito y debe responder penalmente por él. Ella es una exigencia de seguridad jurídica o de seguridad ciudadana, que nos asegura una convivencia justa, en la que no se nos puede penalizar si no es seguro que delinquimos.

Por ello, la imputación que cualquier persona formule en nuestra contra debe acompañarse de evidencias que demuestren cabalmente los hechos atribuidos y su carácter delictivo.

Para condenar, entonces, no basta con la mera denuncia o atribución de responsabilidad penal que, en relación a un delito, pueda formularnos cualquier persona. Esa imputación debe acreditarse por pruebas independientes.

Por la misma razón, el pronunciamiento de una sentencia de condena no podría fundarse, tampoco, en la mera confesión del acusado. Deben existir pruebas adicionales a esa confesión, que acrediten, con certidumbre, la comisión de los delitos por los que se acusa a una persona.

Se ha discutido si, para condenar, resulta suficiente un único testimonio o si, por el contrario, debe requerirse alguna otra prueba: por ejemplo, la declaración de un testigo que hubiera visto el hecho que se denuncia en el proceso o alguna evidencia física concordante en quien aparece como víctima en ese proceso. Nosotros nos pronunciamos, decididamente, a favor de la existencia de más de un testimonio. Sobre el punto, puede verse el meduloso trabajo de Marcelo Sancinetti[3], al que nos remitimos por tratar dicha problemática en forma suficiente y con sobrados fundamentos.

En el caso que comentamos (“Newbery”, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires[4]), ni siquiera puede entrarse en la discusión señalada, pues no existió un solo testigo que pudiera confirmar la hipótesis delictiva, sólo afirmada por la denunciante[5].

El fallo confunde la denuncia del que se dice afectado o víctima de un delito con la declaración de un testigo que no sea parte del conflicto delictivo o, en todo caso, si no las confunde, las trata por igual, cuando en realidad se trata de actos procesales muy diferentes. Que a una supuesta víctima denunciante se le reciba declaración testimonial no le quita el carácter de parte interesada en la suerte del proceso. Por ello, nunca puede ser suficiente para condenar por la comisión de un delito la sola declaración de una de las partes del conflicto penal (ni la declaración de la supuesta víctima ni la de un coimputado).

Sobre este punto, el fallo que cuestionamos expresa que el hecho se produjo en un contexto de violencia doméstica y de género y que “… el testimonio de la mujer víctima de ‘violencia’ habría tenido en este caso un valor probatorio determinante para acreditar la ocurrencia de la amenaza concreta que fue llevada a juicio”.

La defensa había sostenido que, con relación al delito de amenazas por el que se condenó al imputado, no existió “ninguna prueba distinta al testimonio de la denunciante –que no está desprovista de interés en el resultado del pleito– y con esa única prueba no basta para dictar un temperamento condenatorio, pues una condena así resuelta no supera el umbral mínimo de razonabilidad para su imposición”. También había dicho, correctamente, que “por tratarse de un hecho de estas características, bajo la excusa de aplicar la normativa internacional relativa a la temática de género y analizar la prueba desde esta novedosa perspectiva, los jueces de mérito intervinientes han relajado injustificada e indebidamente los ‘estándares probatorios’ que … resultaban invariablemente exigibles en la materia para imponer una condena”.

Para el fallo que criticamos, “el recurrente sustenta su razonamiento a partir de un supuesto postulado axiomático que no reúne ese cariz. En concreto, el antiguo adagio ‘testis unus, testis nullus’, con arreglo al cual el testimonio de un solo testigo no constituye una prueba suficiente para tener por acreditada la materialidad del hecho o la autoría y participación de un sujeto respecto de ese hecho, no tiene gravitación actualmente en la normativa procesal vigente en la Ciudad, que adopta como reglas generales: I) la ‘amplitud probatoria’ para demostrar los hechos y circunstancias de relevancia; y II) el sistema de la ‘sana crítica’, como método para valorar la prueba producida (arts. 106 y 247, CPPCABA). Consecuentemente, no existe ningún impedimento de naturaleza legal en la materia, para que la fundamentación de una sentencia de condena se base en el testimonio de un solo testigo, ni una sentencia dictada de este modo es descalificable, sin más, bajo el fundamento de que desconoce los principios constitucionales que … se entienden vulnerados, toda vez que no hay regla alguna que imponga una manera determinada de probar los hechos de la acusación, ni un número mínimo de elementos probatorios de cargo para dictar un fallo de condena como el que aquí se recurre. La convicción judicial para resolver en uno u otro sentido no depende … de la cantidad … de los elementos de prueba … sino del valor y la fuerza probatoria que –fundada y racionalmente– se le asigne a la evidencia, incluso cuando ella principalmente se asiente en el relato de la víctima … la prueba que a criterio de la defensa era insuficiente ha sido rigurosamente valorada …, sin que se haya logrado demostrar el absurdo de la conclusión … Ello … no es solamente una consecuencia de los compromisos internacionales asumidos en materia de género, por la República Argentina, sino también una derivación racional del ordenamiento procesal vigente en nuestra Ciudad”.

El fallo, tras sostener que la “violencia doméstica” o de “género” debe ser abordada como “una violación de los derechos humanos”, afirma que “no es cierto que dichas particularidades debiliten o flexibilicen las garantías constitucionales –a las que debe subordinarse todo proceso penal–, sino que esas particularidades deben ser atendidas como sucedería en otros supuestos en los que también los jueces deben ponderar adecuadamente cuando fuera posible la carencia de huellas, rastros o vestigios materiales de la perpetración del delito”.

Continúa la sentencia: “En los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la ‘violencia doméstica’… la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple… se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que sólo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de la personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia… y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida…”.

Sigue diciendo la resolución: “El testimonio de la víctima en estos supuestos tiene en sí mismo valor de prueba para enervar la presunción de inocencia… en atención al carácter especial de quien presta testimonio en estas condiciones, ese relato eventualmente puede ser reforzado… para otorgarle mayor verosimilitud y credibilidad a la situación relatada…, con otros elementos probatorios de carácter objetivo, corroborantes o periféricos, tales como: a) los testimonios de diversos profesionales… (psicólogos, médicos o asistentes sociales), que tienen contacto directo con la damnificada desde el inicio del conflicto… o b) el testimonio de testigos de referencia que, aunque no hayan observado el hecho puntual…, puedan dar datos… que permitan conferirle un mayor valor de convicción al relato de quien recurre al Poder Judicial… En definitiva, la circunstancia de que el testimonio de la víctima sea el elemento de juicio determinante de la imputación dirigida no invalida sin más a la condena, puesto que la contingencia de que el hecho haya tenido lugar en solitario justifica suficientemente que la fuente principal de comprobación remita a la exposición”.

Como se desprende del texto del fallo en análisis, la dificultad –o a veces imposibilidad probatoria– en este tipo de delitos conduce a que jueces como los firmantes del fallo cuestionado tengan por probado un delito sólo con la palabra de quien dice haber sido víctima de un delito. Adviértase que, incluso, en el caso se trataba del delito de amenazas, que precisamente no deja huella física alguna. Para este fallo, como la amenaza en un contexto de género es muy difícil de probar, porque por lo general se lleva a cabo en un “ámbito de relativa reserva o privacidad”, entonces hay que darla por probada con la sola declaración de quien dice haber sido víctima de alguna frase amenazante.

Como el fallo no acepta que, con esas condenas fundadas en los dichos de la supuesta víctima, se somete a los imputados de delitos en contexto de género a un trato más severo y discriminatorio, convirtiéndolos en uno de los tantos enemigos del poder penal (que es lo que ocurre en la realidad), sostiene que ese temperamento no es privativo del delito de amenazas en el ámbito doméstico, sino que también es propio de “cualquier agresión, abuso, acoso o privación, que, sin que importe el género del destinatario o el vínculo que exista entre sus protagonistas, se desarrolle en un ámbito de relativa reserva o privacidad”.

Esto, sin embargo, lo único que demuestra es que los firmantes del fallo postulan condenas sin pruebas no sólo para los imputados de amenazas, sino también para los acusados de cualquier agresión o abuso que se diga ocurrido en un “ámbito de relativa reserva o privacidad”. Se refiere, entre otros delitos, a las lesiones, privaciones de libertad, abusos sexuales u homicidios supuestamente cometidos en ámbitos de privacidad familiar. En esos supuestos, si las afirmaciones de la supuesta víctima no puede ser corroborada por otros elementos objetivos, bastaría, para la decisión que rechazamos, con pasar a la declarante por una suerte de “suero de la verdad”, para decirlo de alguna manera gráfica.

Al respecto, ellos dicen que, “en todos estos casos la credibilidad, coherencia, verosimilitud, persistencia y falta de mendacidad en la incriminación que se desprenda del testimonio de dicha víctima será un factor determinante y decisivo para la reconstrucción histórica de lo ocurrido”. Es decir, si sólo se cuenta con lo que dice la persona que denuncia un delito en su contra y no se logró obtener ninguna prueba que lo acredite, entonces hay que producir prueba sobre “la credibilidad, coherencia, verosimilitud, persistencia y falta de mendacidad” de la única persona que dice haber sido víctima de un delito.

Claro que paralelamente no se postula que, en relación al imputado que niega su intervención en el hecho, se lleven a cabo las mismas medidas probatorias tendientes a establecer su credibilidad, coherencia, verosimilitud, persistencia y falta de mendacidad (o, como decíamos antes, se lo someta a un “suero de la verdad”). Es que a los imputados de delitos de género –para una decisión como la que rechazamos– es un ser sospechoso; más que nada, un enemigo, al que no hay que reconocer los derechos de todo ser humano.

Tampoco parece incluirse en esta suerte de “homologación judicial de ciertas denuncias” a los imputados de violencia policial o carcelaria. Pensemos en las tantas denuncias de torturas y apremios ilegales en las cárceles de nuestro país (y de tantos otros lugares del mundo). La sola denuncia de tortura o de apremios ilegales nunca ha fundado una condena contra el denunciado como torturador o autor de los apremios. Siempre se ha requerido evidencia que ratifique el contenido de las denuncias de las personas recluidas en nuestras cárceles, a pesar de saberse que ellas constituyen reductos en donde campea la más absoluta indefensión e inseguridad personal. No conocemos casos en los que, a falta de pruebas, se tengan por acreditados estos delitos aberrantes con pericias que indiquen la “credibilidad, coherencia, verosimilitud, persistencia y falta de mendacidad” de los presos denunciantes (como podría hacerlo el llamado “suero de la verdad”).

Resulta llamativa la preocupación alegada de combatir la supuesta impunidad de ese modo tan autoritario. El fallo al que nos referimos dijo, al respecto, que “Lo contrario importaría que estos hechos, que tienen lugar puertas adentro o en ámbitos e relativa invisibilidad, queden impunes por la particular modalidad unilateral y convenientemente escogidas por su autor”. No ha sido ésta la preocupación puesta de manifiesto por nuestros jueces, en general, en relación a otros hechos aberrantes cometidos desde el poder (e, incluso, desde el poder penal del Estado).

Pero, de todos modos, la sola manifestación de una supuesta víctima no es suficiente para comprobar ningún delito, por más grave que sea. Siempre es necesaria la obtención de pruebas que demuestren con certeza el contenido de una denuncia. La absolución sin pruebas no es impunidad, sino, por el contrario, un ejemplo de seguridad ciudadana. Claro que hay que luchar contra la impunidad y, más que nada, la impunidad del poder (que se presenta cuando, con pruebas, no hay de voluntad de condenar –sobre todo a los poderosos–), pero, de la misma manera, hay que combatir a ultranza la penalización injusta e irracional propia de las desnudas condenas sin probanzas.

Si se hubiera respetado lo que aquí proponemos, no hubieran sido ejecutados tantos seres humanos con la sola denuncia de los soplones de la Inquisición, en base a las cuales se quemaban vivas (entre otras personas) a tantas mujeres en base a la credibilidad que, para ellos, ofrecían los delatores de herejes. Si hoy se respetaran las reglas básicas de un juicio justo, propio de un Estado Constitucional de Derecho, podríamos impedir que se sigan tratando como enemigos a los imputados de delitos en contextos de género y que se sigan burlando sus derechos fundamentales durante el proceso penal. Si los respetáramos como personas (como lo hace el sistema interamericano e internacional de Derechos Humanos con todo integrante de grupos humanos especialmente vulnerables) no estaríamos retrocediendo como lo hizo el fallo que comentamos, que, en plena consolidación de la democracia, pretende dar un peligroso paso en detrimento de los derechos fundamentales de algunas personas sometidas a proceso penales. Si se respetaran los derechos con igualdad, no se hubiera condenado a prisión a un hombre, por amenazas contra una mujer, sólo por lo que ella dijo. Si se hubieran respetado los derechos de ese hombre, no se hubiera vuelto a responder, ahora en el Estado Constitucional de Derecho, con la crueldad de las recetas autoritarias de la Inquisición (que –a no dudarlo- hubiera condenado a esa misma mujer sólo con los dichos de algún delator).

Estamos a tiempo de salvarnos de las atrocidades de un sistema penal que, por exceso de autoritarismo, admita la imposición de penas sin comprobación real de los delitos. Convocamos a los jueces firmantes del fallo cuestionado a la reflexión, a fin de reivindicar la defensa de los derechos humanos de toda persona sometida a proceso penal, aun para proteger mejor los derechos de las mujeres (que no necesitan represión con ropaje de tutela, sino protección real de sus derechos, sobre la base del respeto de los derechos y garantías de los demás).

[3] http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2014/04/procesal0...

[4] http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2013/10/2013-09-1...

[5] Se trata del caso de una mujer que denuncia a su ex pareja de una amenaza que sólo ella invoca

Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal y juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea

 

Gustavo Vitale, profesor titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue

Fuente: Asociación Pensamiento Penal (APP)